Entrevista con Comercio y Justicia
“Hay que implementar un sistema de control de gestión de los procesos judiciales”
El ex presidente del Consejo de la Magistratura se lanzó a la carrera por un cargo en ese organismo. Dijo que está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema que retrotrajo a 20 el número de integrantes del cuerpo, abogó por la digitalización plena del Poder Judicial y por el rediseño de la Escuela Judicial
La carrera por la renovación de los cargos en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) ya está en marcha. Las elecciones se realizarán el próximo 18 de octubre, en una coyuntura especial que incluye una conformación “provisoria” del organismo, si es que antes el Gobierno no logra el consenso necesario para que el Congreso dicte una nueva ley para regularlo. Entre los abogados, Miguel Piedecasas ya comenzó a recorrer el país y se postula como uno de los representantes por el estamento de los letrados del interior. De visita en Córdoba, el ex presidente del CMN dialogó con Comercio y Justicia y adelantó sus ejes de campaña.
¿Qué evaluación hace de la coyuntura que vive hoy el CMN?
El fallo de la Corte ha cambiado la composición del Consejo de la Magistratura, que pasó a tener 20 miembros y la presidencia a manos del titular de aquélla, decisión con la que estoy de acuerdo. Entiendo que el fallo del Máximo Tribunal le devolvió la constitucionalidad a la conformación del organismo y estoy de acuerdo con que esté presidida por el presidente de éste porque el consejo es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación (PJN) y es lógico que la Corte lo integre y lo presida.
Ya hay proyecto para el Consejo de la Magistratura con media sanción. ¿No está de acuerdo con él?
Yo estoy de acuerdo con esta conformación, me parece muy adecuada la mayor representación de la abogacía, de los académicos y de la magistratura. Por otra parte, también veo muy justo que las segundas minorías estén representadas en el estamento de los diputados y senadores, eso le da un equilibrio intrínseco al cuerpo, que es muy valioso y evita la deformación, que es la tentación de las mayorías de controlar su funcionamiento.
Más allá del número que lo integre, ¿cómo se hace para que el Consejo funcione adecuadamente y cumpla con sus objetivos?
La ley debe apuntar a mejorar los procesos de selección para que sean eficientes, transparentes y, en ese sentido, hay una serie de reglas que se puede plasmar en la ley. Lo primero es llamar a los concursos de manera anticipada para los distintos fueros, antes de que se produzca la vacante, de manera que cuando esto ocurra el concurso ya esté avanzado o terminado. Con eso eliminaríamos la problemática de las subrogaciones. Además, estoy impulsando un manual de buenas prácticas para los consejeros y consejeras de manera tal que el incumplimiento de los dictámenes en tiempo y forma tenga sanciones y así garantizar el funcionamiento que la sociedad está reclamando del organismo.
En materia de disciplina y acusación, la nueva ley debe plasmar las facultades de investigación que la comisión debe tener. Nos sucedió cuando integré la Comisión de Acusación, investigaciones en las que estaba en juego un supuesto enriquecimiento patrimonial injustificado; los organismos financieros -escudándose en el secreto comercial-financiero- no nos suministraban la información que requeríamos para llevar adelante la investigación. Esto es un aspecto fundamental, si las comisiones no tienen por ley las facultades de producir esas pruebas informativas tan necesarias, no se puede avanzar.
El tema de la infraestructura en el Poder Judicial es otra deuda pendiente. ¿Qué se puede hacer para avanzar con las obras?
Hay que formular un plan estratégico en materia de infraestructura edilicia y obtener los recursos necesarios para llevarlo adelante, pero también es cierto que el Poder Judicial de la Nación tiene una insuficiencia de recursos tecnológicos; hoy se requiere la incorporación definitiva de las nuevas tecnologías y sumar en donde sea posible la inteligencia artificial.
Habida cuenta de que 98% de los recursos se destina al pago de sueldos, ¿cómo se hace para eficientizar el manejo de los recursos?
Hay que dotar de herramientas tecnológicas al Poder Judicial, eso torna más transparente y también más eficiente el manejo de los recursos. Segundo, hay que hacer una capacitación en toda la estructura de empleados y funcionarios del PJN y hay que estudiar e implementar -lo que algún momento se hizo- el control de gestión de los recursos económico-financieros, ya sea mediante auditorías internas o externas.
¿Qué impronta le quiere dar al consejo, si es elegido? Queremos acentuar lo que ya hicimos, que es que el CMN tenga una perspectiva federal, que tenga una vinculación directa con las necesidades de la Justicia federal y nacional, de cada una de sus jurisdicciones. Por otro lado, hay que implementar un sistema de control de gestión de los procesos judiciales -que comenzó con las auditorías en 2016- pero ahora queremos hacerlo de manera completa para que se cumpla el mandato constitucional de sentencias en plazos razonables. También queremos implementar un plan de modernización del Poder Judicial para dar un servicio adecuado a los requerimientos de la población; y rediseñar la Escuela Judicial de la Nación de manera tal que el PJN tenga un sistema de formación y capacitación permanente, tanto para los aspirantes a la carrera judicial como para los que están en la magistratura. Finalmente, también creemos que hay que trabajar en el rediseño del mapa judicial en Argentina, con base en un componente estadístico que hoy no existe; para eso estamos proponiendo la creación de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial.
