Entrevista para Comercio y Justicia

En medio de la crisis por falta de infraestructura, juzgados sin habilitar y concursos atrasados en el Poder Judicial, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, asegura que la transformación llevará un tiempo pero que “ya ha comenzado” y que, al final de su período, llegarán a cubrir los 255 cargos faltantes

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La grave crisis que enfrenta la justicia nacional y federal, motivada por un presupuesto escaso y poco adecuado a las necesidades del Poder Judicial, está a la vista y fue motivo de dos oficios que se conocieron la semana pasada y que hizo llegar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al Consejo de la Magistratura.
Los problemas son históricos: una infraestructura deficiente, falta de renovación de equipos informáticos, juzgados con magistrados designados sin habilitar y concursos sin terminar.
El diagnóstico es compartido por el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, quien aseguró que el gran desafío es mejorar la gestión en el marco de un panorama donde los recursos son escasos.
El abogado, quien asumió en el organismo en diciembre pasado, advirtió que hay un desfase histórico entre el presupuesto que requiere el Poder Judicial nacional y federal para llevar adelante las obras de infraestructura y el que finalmente se aprueba.
Pese a todo, Piedecasas aseguró que, durante el transcurso del 2016, el Consejo recibió partidas extras de Rentas Generales y, siempre que necesitó recursos, el Ministerio de Justicia ha tenido buena predisposición y ha acompañado.
“Tenemos un gran desafío que es optimizar la gestión y eso sí que es una responsabilidad del Consejo”, precisó.
Aseguró, a su vez, que esta semana comenzaron con la “redeterminación de precios” de las obras en ejecución o por ejecutarse y, pese a todo, auguró un próximo año con más obras para el Poder Judicial.

– La vacantes siguen siendo un problema que parece no tener fin. ¿Qué este haciendo este Consejo para modificar esta situación?
– Hay una circunstancia que es histórica y tiene que ver con la anterior gestión del cuerpo que, en los cuatro años de su desempeño, solamente elevó 45 ternas. Nosotros, en un año y medio, llevamos elevadas 54 ternas y en este medio año que ha transcurrido hemos elevado 33. Si a fin de año llegamos a unas 50 ternas y hacemos una proyección, la situación se va a revertir. Si la gestión anterior hubiera elevado 50 ternas por año hubieran llegado a las 250, que es casi la totalidad de vacantes que hoy tenemos (255). Entonces, funcionando correctamente, al final de nuestra gestión estaremos cerca de las 200 ternas y la situación cambiará. Esto es un proceso, no es un momento mágico, es un proceso que va a llevar su tiempo pero que ya ha comenzado.
– ¿Cómo surgió la idea de nombrar jueces en cargos vacantes que habían sido designados para juzgados que no fueron habilitados?
– La designación de cargos que hizo la Corte fue un pedido expreso del Consejo de la Magistratura luego de que se reunió la Comisión Interpoderes; allí surge la idea de utilizar para las subrogaciones a estos magistrados que no tenían tribunales habilitados pero habían sido designados por el Poder Ejecutivo. Al día siguiente, la Corte nos pidió el listado de quiénes eran estas personas, pasamos el detalle y la Corte hizo lugar y sacó una acordada en la que conjuntamente exhortó a este consejo a darles una mayor celeridad a los concursos, que es lo que estamos haciendo efectivamente.
– El oficio que remitió la Corte al Consejo la semana pasada fue bastante duro. ¿Cómo es la relación entre ambos organismos?
– Es muy buena, hay diálogo, no existe ningún problema. Cada uno tiene un rol institucional distinto. Nos manejamos en un marco de respeto y de cordialidad institucional, lo mismo ocurre con el Ministerio de Justicia.
– ¿En qué etapa están las auditorías que está realizando el Consejo sobre los diferentes tribunales del país?
– Las auditorías se están llevando adelante muy bien, en muchas jurisdicciones se ha entregado ya el material y esta semana trataremos de tener un informe genérico del jefe de auditores. Desde mi perspectiva personal entiendo que el relevamiento podría estar terminado este año para después seguir con los pasos subsiguientes.

Escasos recursos

En el plenario del último martes del Consejo de la Magistratura, el secretario de Administración, Juan Carlos Cubría, admitió problemas de “financiamiento” del Poder Judicial, lo que dificulta a su vez la inversión en infraestructura. Según los números brindados por Cubría, de los $1.600 millones de gastos presupuestados para el Poder Judicial, 94% es utilizado para la masa salarial. A su vez, sólo se financia la mitad de los gastos con recursos propios – tasa de justicia, etcétera- ya que el 50% restante proviene de partidas del Poder Ejecutivo Nacional.
Según Cubría, en esa situación “se hace imposible hacer frente a esos gastos de infraestructura”.

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