Acerca de la ampliación de la Corte Suprema y la regulación del Consejo de la Magistratura

Por estos días somos testigos de un nuevo intento del Gobierno por modificar la composición del máximo tribunal de justicia del país, y una exacerbación de la virulencia discursiva desde el Poder Ejecutivo con respecto a sus integrantes.

En este contexto, es menester exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea completada con una ministra mujer, que se respete su autonomía y, en ella, la independencia del Poder Judicial, principio básico de la República y de nuestra libertad. No se debe pretender modificar la cantidad de miembros a cada momento o cuando sus pronunciamientos son adversos a los intereses de tal o cual persona o sector.

El mentado paquete de reformas del Ejecutivo también posa la vista sobre el Consejo de la Magistratura. Al respecto, es dable recordar que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, cúspide de la judicatura en nuestra organización política federal, y el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de ese poder. Por tanto, es absolutamente lógico y constitucionalmente sustentable que al Consejo lo presida el Presidente de la Corte Suprema.

Abierto el debate sobre la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, el Congreso debería abocarse a trabajar en una ley que recoja la experiencia de los 24 años de vigencia de esta institución concebida en la reforma constitucional de 1994 y regulada por ley en 1998.