El proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Tierra del Fuego.
El martes 3º de Diciembre de 2019, la gobernadora saliente y actual diputada nacional, Dra. Rosana Bertone, recibió de manos del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial elaborado por una Comisión conformada al efecto por jueces y juezas; abogados/as; legisladores/as y representantes del poder ejecutivo provincial.
Esta comisión fue asesorada por un comité de expertos, integrado por las doctoras Aída Kemelmajer de Carlucci; Mabel de los Santos, Graciela Medina y los doctores Jorge Peyrano, Roland Arazi, Mario Kaminker, Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas.
El proyecto de código quedó integrado por casi 1.000 artículos.
Entre otras cuestiones de relevancia, se pueden destacar las siguientes:
Incorpora como principio, que el procedimiento debe resguardar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad; lo que supone un reconocimiento de sus particularidades y de un tratamiento diferenciado para superar los obstáculos que le genera su especial condición.
Sienta las bases para la consideración de los documentos, notificaciones y subastas electrónicas o digitales.
Establece el juicio por jurados en los procesos colectivos, relacionados con los derechos de incidencia colectiva.
Regula los procesos urgentes y en particular consagra la medida autosatisfactiva de tanta importancia en los procesos donde está en juego la vida y la salud de las personas.
Incorpora los procesos ejecutivos de estructura monitoria, a los fines de lograr mayor celeridad en esta clase de procedimientos.
Regula extensamente los procesos de familia, que comprenden los diversos procedimientos relacionados con la persona y la familia, siendo este uno de los aspectos centrales de la reforma.
Reformula el proceso arbitral, incorporando las nuevas pautas que trae el CCC.
El proyecto será tratado por la legislatura, donde seguramente se recibirán aportes y modificaciones al texto propuesto, pero de cualquier manera implica un esfuerzo valioso para el debate y la conformación de nuevas y necesarias normas procesales que la sociedad reclama en pos de un proceso más justo y en plazos razonables, atendiendo a la centralidad de la persona humana y no a la prevalencia de ritualismos que desvirtúan el ejercicio de los derechos.
