“El proyecto de una Corte Suprema de 25 miembros es un exabrupto jurídico”
Entrevista con El Tribuno
9 DE AGOSTO 2022
Miguel Alberto Piedecasas, jurista y expresidente del Consejo de la Magistatura de la Nación, en la previa de su llegada a Salta habló sobre la conformación del Tribunal superior.
Los alegatos de los fiscales que investigan el desvío de los fondos destinados a obras públicas en Santa Cruz han multiplicado los ataques del kirchnerismo contra el sistema judicial. El conflicto es característico de los liderazgos que consideran que los poderes Judicial y Legislativo deben estar subordinados al Ejecutivo. Pero además de esta coyuntura, muchos argentinos se sienten defraudados por una Justicia que se les aparece lenta en las resoluciones, blanda con los delincuentes y sin eficacia para penalizar el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.
“Siempre se debe trabajar por un sistema judicial mejor, pero también es necesario que quienes deben gobernar y deben legislar obren dentro de la ley, cumplan eficazmente y con profesionalidad sus tareas y contribuyan a consolidar la institucionalidad en el país”, define el jurista Miguel Alberto Piedecasas, para quien, vivir al margen de la ley “es un rasgo de la cultura cotidiana, que se agrava enormemente cuando se trata de funcionarios, magistrados o legisladores elegidos para sancionar las normas”.
Piedecasas es especialista en Derecho de Daños, Comercial Seguros y Tránsito. Doctor en Derecho y docente universitario, ejerce su profesión con estudios en Santa Fe, donde se graduó, en Junín y Rojas, de donde es oriundo, y en la Capital Federal. Su único cargo público fue el de representante de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, entre 2014 y 2018. En una entrevista con El Tribuno, en vísperas de su visita a Salta y avocado a la campaña para volver a representar a los abogados de todo el país, en las elecciones de octubre próximo, respaldó enfáticamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de volver al número original de miembros del Consejo de la Magistratura. Esa medida, que otorga más peso a la abogacía que a la política, fue cuestionada por el oficialismo, por considerar que se trató de una intromisión del la Justicia en las atribuciones propias del Congreso. “Es inobjetable la decisión de la Corte”, afirmó. Al mismo tiempo, califico al proyecto para crear una Corte Suprema de 25 miembros como “un exabrupto jurídico” y, sobre la teoría del Lawfare, con la que escuda la corrupción la definió como “una enorme teoría conspirativa”.
Usted trata de volver al Consejo de la Magistratura, una institución fundamental para garantizar el respeto y la independencia de la Justicia…
La crisis de credibilidad en el sistema de Justicia es semejante a la que en 1994 llevó a los constituyentes a crear el Consejo de la Magistratura. Hacen falta cambios estructurales, pero primero hay que corregir falencias actuales: completar todo los cargos vacantes, administrar con eficiencia los fondos y enjuiciar a los magistrados con desempeño reñido con la ley y con la ética. Además, mirando hacia adelante, modernizar el Poder Judicial incorporando la Inteligencia artificial. El segundo punto avanzar sobre el control de gestión, obviamente, respetando la independencia de los poderes y la autoridad del magistrado. El tercero, una capacitación de excelencia para los que aspiran a ingresar a la Justicia, así como los que ya la están en funciones. Y discutir la incumbencia del Consejo en el control de la ejecución del presupuesto judicial. También necesitamos un nuevo mapa de la Justicia Federal, con un esquema eficaz frente al crimen organizado.
¿La gente no exige mano dura a los jueces cuando son las leyes las que imponen ciertos límites?
El hombre común cuestiona la irrazonable duración de los procesos judiciales. Primero hay que cubrir todas las vacantes; capacitar y dotar de recursos técnicos, económicos y normativos al plantel. En materia de corrupción, hoy la sociedad sigue paso a paso este juicio que se está llevando adelante, porque la tecnología de la comunicación aporta a la transparencia. La sociedad está escuchando la acusación del fiscal, luego, a las defensas y finalmente, el veredicto. Todo en tiempo real. Es importante ampliar la participación del ciudadano, y esto va de la mano con otra demanda: medidas que debe tomar el Congreso para facilitar la investigación de delitos en la administración pública.
¿No cree que la organización “Justicia Legítima” politiza y socava la credibilidad de la Justicia? Esa organización no expresa lo que se espera de los jueces y del Ministerio Público: compromiso con el Derecho y con el Código de Ética. Los jueces y juezas, particularmente en temas que involucran a la administración, deben hacer valer su independencia frente a los factores de poder y los grupos de presión. Y eso se logra con formación y apego a las normas.
Llueven las críticas a la Justicia, pero es el poder del Estado que mejor funciona…
El sistema judicial es mucho más que los jueces, incluye a los fiscales y defensores, y a toda la abogacía. Pero mientras la Justicia sea lenta, o comprometida con determinados intereses políticos, la sociedad va tener una mirada muy crítica.
Un conflicto se planteó cuando la Corte ordenó volver al número original de miembros del Consejo de la Magistratura.
Es una decisión que no tiene resquicios. Creo positivo que la Corte restituyera el número de veinte miembros y que, por ende, volviera a integrar el Consejo. Es un órgano permanente del Poder Judicial y la Corte debe integrarlo, porque la Constitución establece que estén representados los jueces de todas las instancias, y la Corte es la última instancia.
¿Qué opina del proyecto de ampliar la Corte a 25 miembros?
Un exabrupto jurídico. Es un proyecto desatinado, sin sentido lógico ni constitucional. En ninguna parte del texto explican por qué 25 miembros. Si hoy, con cinco vocalías, la queja es la lentitud de los trámites, cabe imaginar lo que va a pasar cuando cada expediente deba pasar por 25 vocalías… ¿Y el costo económico de semejante ampliación?. ¿Y si se aplicara el mismo modelo en cada provincia, con un miembro por cada departamento?. Sería un desatino total. Un absurdo. Lo que debe hacer el gobierno es elegir una mujer, jurista importante, con altísimo consenso y muy respetable y completar la Corte para que funcione con eficiencia, independencia y libertad de criterios.
¿Somos “un país al margen de la ley” como escribió Carlos Nino?
La madurez democrática republicana de una sociedad se mide por el apego a la institucionalidad y la ley. Y nuestra cultura cotidiana muestra un gran desapego. Pero es mucho más grave cuando ese desapego lo exhiben los funcionarios públicos, los elegidos para generar las normas o para gobernar el país. Por eso hay que actuar con mucha severidad para juzgar a los funcionarios y magistrados que actúan al margen de la ley. Una severidad imprescindible para corregir ese desapego a la ley que caracteriza a la argentinidad. Tenemos un déficit estructural de respeto a la institucionalidad. En la Argentina, a diferencia de muchos otros países, cada resolución de la Corte, especialmente las referidas a la corrupción es durísimamente cuestionadas por sectores políticos instalando ideas conspirativas, llegando a extremos como la idea del “lawfare”.
Mañana, en la escuela de la Magistratura
Mañana, en la escuela de la Magistratura El doctor Miguel Alberto Piedecasas disertará mañana a las 16 en el Aula Magna Luis Clemente D’Jallad, de la Escuela de la Magistratura. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad del Litoral, expondrá sobre “Responsabilidad, empresa y seguro”.
Analizará desde el Código Civil y Comercial el contrato de seguro y la responsabilidad civil. Es abierto al público y reciben inscripciones en www.escuelamagistra tura.gov.ar.
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