El respeto a la Corte y al estado de derecho
Nuestra asociación se constituyó en el año 2015, congregando a abogados y abogadas, que en un espacio amplio, abierto, plural y participativo tienen como finalidad la defensa de la Constitución Nacional, las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la búsqueda constante de un mejor derecho y servicio de justicia.
La crítica situación que se ha generado en nuestro país en virtud de las tácticas y estrategias que desde el espacio político gobernante se están impulsando e implementando para horadar y condicionar al Poder Judicial de la Nación y en especial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos lleva a pronunciarnos en defensa de la República, la Constitución y el Estado de Derecho.
En este sentido repudiamos todas las expresiones y procedimientos tendientes a desconocer el valor y efectos de las sentencias judiciales pronunciadas por el máximo Tribunal de la República, en cumplimiento de su específica función constitucional.
Igualmente rechazamos la pretensión de reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación a través de un inconstitucional decreto de necesidad y urgencia, en una materia que solamente puede regularse por una ley “especial” del Congreso de la Nación sancionada por la mayoría absoluta de la “totalidad de los miembros” de cada Cámara, por lo que estaría emitiendo una disposición de carácter legislativo viciada de nulidad absoluta e insanable (conforme artículos 114 y 99 inciso 3 CN).
Nos manifestamos en contra del insustancial e infundado pedido de juicio político realizado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que se ha interpuesto con el solo propósito de perturbar el normal desempeño del máximo Tribunal y con la pretensión de condicionar el contenido de sus sentencias; pedido este que no satisface siquiera mínimamente los estrictos y necesarios requisitos del artículo 53 de nuestra Constitución Nacional y encubre la intención de los funcionarios políticos de turno por controlar las decisiones judiciales, en clara violación de la sana y democrática prohibición constitucional del artículo 109 CN.
Nuestro país necesita una política de estado en materia de justicia, fundada en el principio básico de la independencia del Poder Judicial, el respeto por la Constitución, la ley y las sentencias judiciales; la prestación eficaz y en tiempo razonable del servicio de justicia; el facilitamiento del acceso a justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad; la necesaria modernización del Poder Judicial a través de la incorporación de las diversas herramientas tecnológicas; la plena y total implementación en todas las jurisdicciones del Código Procesal Penal Federal; la sanción de un nuevo Código procesal Civil y Comercial acorde con los requerimientos y necesidades de nuestro tiempo, el dictado de leyes absolutamente necesarias para garantizar la transparencia, el acceso a la información, y la participación ciudadana en la administración de justicia (juicio por jurados, audiencias públicas, acciones colectivas, entre tantas otras); la cobertura de la vacante en la CSJN y en el trascendente cargo constitucional del Defensor del Pueblo.
En lugar de ocuparse de generar una política de estado en relación al sistema de justicia, el actual gobierno persiste en sus embates contra la cabeza del Poder Judicial, sin observar el enorme daño que se produce a la estabilidad institucional y al estado de derecho.
Nos pronunciamos en contra de estas manifestaciones agraviantes a la más alta magistratura judicial de nuestro país; a la pretensión de reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por decreto; al incumplimiento y desconocimiento de las sentencias judiciales; al pedido de juicio político a los integrantes de la CSJN y reclamamos por el contrario que se respeten las instituciones de la República, la Constitución y el Estado de Derecho.
Demostremos que estamos a la altura de las históricas circunstancias que atraviesa nuestro país; con serenidad y firmeza; en paz y dentro de las cauces jurídicos constitucionales dejemos en claro nuestra férrea defensa de la independencia del Poder Judicial y propiciemos las conductas necesarias para que en el futuro se formule y aplique una verdadera política de estado en relación al sistema de justicia.
Dr. Miguel A. Piedecasas
Presidente A.R.A.
